El estudio que presentó Matías Arjona Rydalch a la
Conapesca, no tomó en cuenta a la flota de Baja California
Ensendada, BC Mayo 19 de 2015
Serán más de 250 pescadores y prestadores de servicio de
pesca deportiva los que se verán afectados –gravemente- por las incongruencias
y e incertidumbre que han generado las acciones del Secretario de Pesca del
Estado Matías Arjona Rydalch, al presentar un documento a la Comisión Nacional
de Acucultura y Pesca (Conapesca) para el manejo del atún aleta azul para 2015,
señaló Gerardo Sánchez Cordova, presidente del Comité de Pesca Deportiva y
Actividades Náuticas de Ensenada.
Explicó que luego de las recomendaciones de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) a México en donde se establece una
cuota de 3 mil toneladas para el país, el Secretario de Pesca en Baja
California al ser consultado por la Conapesca para proponer la distribución de
la cuota, únicamente tomó en cuenta a 3 empresas que hacen aprovechamiento
comercial de la especie.
“El funcionario, trasgrediendo los principios de
legalidad, equidad e imparcialidad, únicamente ha buscado favorecer a la
empresa Acuacultura de Baja California en la que tiene intereses económicos muy
claros, por ello decidió no tomar en cuenta a otra empresa –Tunamax- ni a toda
la flota de pesca deportiva del estado” dijo.
El representante de la pesca deportiva en Ensenada,
manifestó que la resolución de la CIAT C-14-06 en ningún momento plantea para
la actividad, la modalidad de “Atrapa y Suelta” que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación.
“Este fue otro de los temas que Arjona Rydalch no peleó
para Ensenada, él únicamente está preocupado porque le destinen una cantidad
importante de toneladas a la empresa con la que hace negocios” dijo.
El posicionamiento del Gobierno del Estado hacia la pesca
deportiva en Baja California y en Ensenada específicamente, lacera –enormemente-
la economía de más de 500 familias poniendo en riesgo la actividad en un
entorno económico que es adverso, resaltó.
Puntualizó que se llevarán a cabo todas las acciones
jurídicas y sociales que permitan hacer del conocimiento de la autoridad federal,
la importancia de la actividad en Baja California para evitar que las acciones
del Secretario continúen inhibiendo el crecimiento y desarrollo de la actividad
en la región.
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